Ni retroceso ni silencio: derechos, igualdad y una vida libre de violencias

 

 

Por: Tania Chirinos

Hay momentos en que la indignación no puede quedarse en silencio. El Perú atraviesa un periodo de profundas tensiones sociales y políticas, mientras desde el poder y sectores conservadores y autoritarios vuelven a cuestionarse derechos que las mujeres hemos conquistado después de décadas de organización, movilización y lucha.

No se trata solamente de leyes o discursos. Se trata de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestra posibilidad de vivir libres de violencia. También de que niñas y adolescentes puedan crecer, estudiar y construir sus proyectos de vida sin que la desigualdad, el abuso, el racismo o la discriminación determinen su futuro.

Los datos oficiales nos obligan a mirar esta realidad de frente. Durante 2025 se registraron 133 feminicidios y 993 nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años. El Informe de Resultados de Naciones Unidas en el Perú recoge estas cifras a partir de información oficial y advierte sobre la necesidad de fortalecer y acelerar las acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de género.

A ello se suman 27 mil casos de violencia sexual atendidos por los Centros Emergencia Mujer entre enero y octubre de 2025, de los cuales 18 087 afectaron a niñas, niños y adolescentes. Siete de cada diez agresiones sexuales contra NNA fueron cometidas por personas de su entorno cercano. Estas cifras no son solamente números: cada una representa una vida afectada y una historia de violencia que, muchas veces, pudo prevenirse.

Educar para prevenir, no para ocultar

Frente a esta realidad, defender la Educación Sexual Integral y el enfoque de género no es una cuestión secundaria ni una disputa ideológica. Es una necesidad de prevención porque las niñas, niños y adolescentes necesitan conocer su cuerpo, reconocer situaciones de riesgo, identificar el abuso, establecer relaciones respetuosas, pedir ayuda y saber que nadie tiene derecho a violentarlos.

En mayo de 2026, el Ministerio de Educación aprobó nuevos lineamientos para la educación sexual y derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral aprobados en 2021. El propio Minedu sostiene que la educación sexual continúa en las escuelas y que debe contribuir al autocuidado, la toma de decisiones responsables y la construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.

Precisamente por ello debemos mantener abierto el debate sobre qué educación sexual queremos y necesitamos. No basta con cambiar una denominación. La educación debe proporcionar herramientas concretas para prevenir la violencia, reconocer relaciones abusivas, cuestionar estereotipos y conocer nuestros derechos.

El enfoque de género cumple aquí una función preventiva fundamental: permite comprender que mujeres y hombres no siempre viven las mismas experiencias y que muchas formas de violencia contra las mujeres y las niñas están relacionadas con estereotipos, desigualdades y relaciones de poder que debemos transformar.

Los datos muestran la urgencia. La ENARES 2024 reveló que 75,7 % de la población adulta tolera o justifica la violencia contra las mujeres. Ante una realidad así, ¿cómo podríamos aceptar menos prevención?

La educación sexual no corrompe: protege. El enfoque de género no divide: permite reconocer y transformar desigualdades. Prevenir la violencia no es un exceso: es una obligación del Estado.

Condorcanqui nos interpela

La situación de las niñas y adolescentes de Condorcanqui, Amazonas, nos obliga a mirar la violencia de género junto con la desigualdad, la pobreza, el territorio, la interculturalidad y el racismo. No podemos permitir que una niña indígena tenga menos posibilidades de protección y justicia por haber nacido lejos de Lima, por hablar otra lengua o por pertenecer a un pueblo originario.

A junio de 2024, la Junta de Fiscales Superiores de Amazonas había reportado 528 investigaciones por agresiones sexuales y otros 256 procesos anteriores contra docentes por abusos a menores de edad. Posteriormente, el Estado destinó más de 20 millones de soles para atender esta situación y fortalecer el Sistema Nacional Especializado de Justicia.

Pero el problema continúa. El reciente Informe Defensorial N.° 287, publicado en septiembre de 2026, concluye que persisten graves vulneraciones y brechas en la educación de adolescentes indígenas de Condorcanqui y advierte omisiones en la prevención, atención, denuncia y registro de casos de violencia sexual. La Defensoría señala que, casi diez años después de conocidas estas situaciones, los problemas estructurales no han sido superados.

Condorcanqui no puede convertirse en una noticia que aparece cuando la indignación estalla y desaparece después de los titulares. Las niñas indígenas tienen derecho a una protección permanente, intercultural y efectiva.

Hablar de violencia de género exige también hablar de racismo y discriminación. No para estigmatizar a los pueblos indígenas, sino para cuestionar las desigualdades históricas que dificultan que algunas niñas sean escuchadas, protegidas y atendidas. El Estado debe llegar a todos los territorios respetando las lenguas, culturas y derechos de sus pueblos.

Lo ocurrido recientemente en el Liceo Naval Almirante Guise volvió a poner en el centro de la atención pública la violencia sexual en los espacios educativos, pero no es un hecho aislado. Casos reportados en Comas, Callao, Casma, Cajamarca y otras regiones muestran una realidad que muchas veces no alcanza la misma resonancia pública, mientras que la propia Defensoría del Pueblo ha advertido deficiencias en la prevención y atención de la violencia sexual en las escuelas. Cada caso merece la misma atención, protección y justicia, independientemente del lugar donde ocurra o de quiénes sean las víctimas. La prevención no puede depender de cuánto ruido genere un caso en los medios.

Ninguna niña debe ser obligada a ser madre

Los 993 nacidos vivos registrados en 2025 de niñas de 10 a 14 años deberían estremecernos como sociedad. Cuando una niña queda embarazada como consecuencia de violencia sexual, no estamos ante una simple situación de maternidad temprana, sino ante una grave vulneración de derechos que puede afectar su salud, su educación y todo su proyecto de vida.

El Estado tiene la obligación de garantizar prevención, protección, justicia y atención integral. También debe garantizar, cuando corresponda, el acceso al aborto terapéutico, regulado por el marco sanitario peruano para proteger la vida y la salud de las mujeres.

El Ministerio de Salud actualizó en 2025 la guía técnica nacional para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, en el marco del artículo 119 del Código Penal. Garantizar este derecho cuando corresponde es cumplir una obligación de protección de la vida y la salud.

Hay que decirlo con claridad: los derechos humanos no son privilegios; la igualdad no es una amenaza; la educación sexual no es adoctrinamiento: es prevención; el enfoque de género no divide: ayuda a comprender desigualdades; prevenir la violencia no es un exceso: es una obligación del Estado.

Por ello, el gobierno de turno y las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar derechos, no de retroceder frente a presiones que pretendan imponer una visión única sobre la vida de las mujeres, las niñas y las familias.

De la indignación a la acción

La indignación puede ser el comienzo, pero no puede ser el final. Necesitamos convertirla en conocimiento, organización, participación y propuestas. Fortalecer las redes de mujeres, las organizaciones sociales, las comunidades, las familias y las escuelas. Defender los espacios democráticos y ocuparlos.

También necesitamos conversar con todas las posturas, sin renunciar a nuestros principios, para construir una fuerza social suficientemente amplia en defensa de algo esencial: ninguna mujer, ninguna niña y ningún adolescente debe vivir con miedo a ser violentado, discriminado o silenciado.

Por eso, frente al embate conservador, frente a las decisiones que amenazan con debilitar derechos y frente a toda forma de violencia y discriminación, no retrocedamos. Informémonos, dialoguemos, organicémonos y participemos, porque los derechos son conquistas que debemos ejercer, defender y ampliar.


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