Por: Tania Chirinos
Hay momentos en que la
indignación no puede quedarse en silencio. El Perú atraviesa un periodo de
profundas tensiones sociales y políticas, mientras desde el poder y sectores
conservadores y autoritarios vuelven a cuestionarse derechos que las mujeres hemos
conquistado después de décadas de organización, movilización y lucha.
No se trata solamente de
leyes o discursos. Se trata de nuestras vidas, nuestros cuerpos y nuestra
posibilidad de vivir libres de violencia. También de que niñas y adolescentes
puedan crecer, estudiar y construir sus proyectos de vida sin que la desigualdad,
el abuso, el racismo o la discriminación determinen su futuro.
Los datos oficiales nos
obligan a mirar esta realidad de frente. Durante 2025 se registraron 133
feminicidios y 993 nacidos vivos de niñas de 10 a 14 años. El Informe de
Resultados de Naciones Unidas en el Perú recoge estas cifras a partir de
información oficial y advierte sobre la necesidad de fortalecer y acelerar las
acciones de prevención y respuesta frente a la violencia de género.
A ello se suman 27 mil
casos de violencia sexual atendidos por los Centros Emergencia Mujer entre
enero y octubre de 2025, de los cuales 18 087 afectaron a niñas, niños y
adolescentes. Siete de cada diez agresiones sexuales contra NNA fueron
cometidas por personas de su entorno cercano. Estas cifras no son solamente
números: cada una representa una vida afectada y una historia de violencia que,
muchas veces, pudo prevenirse.
Educar
para prevenir, no para ocultar
Frente a esta realidad,
defender la Educación Sexual Integral y el enfoque de género no es una
cuestión secundaria ni una disputa ideológica. Es una necesidad de prevención
porque las niñas, niños y adolescentes necesitan conocer su cuerpo, reconocer
situaciones de riesgo, identificar el abuso, establecer relaciones respetuosas,
pedir ayuda y saber que nadie tiene derecho a violentarlos.
En mayo de 2026, el
Ministerio de Educación aprobó nuevos lineamientos para la educación sexual y
derogó los Lineamientos de Educación Sexual Integral aprobados en 2021. El
propio Minedu sostiene que la educación sexual continúa en las escuelas y que
debe contribuir al autocuidado, la toma de decisiones responsables y la
construcción de relaciones basadas en el respeto y la igualdad.
Precisamente por ello
debemos mantener abierto el debate sobre qué educación sexual queremos y
necesitamos. No basta con cambiar una denominación. La educación debe
proporcionar herramientas concretas para prevenir la violencia, reconocer
relaciones abusivas, cuestionar estereotipos y conocer nuestros derechos.
El enfoque de género cumple
aquí una función preventiva fundamental: permite comprender que mujeres y
hombres no siempre viven las mismas experiencias y que muchas formas de
violencia contra las mujeres y las niñas están relacionadas con estereotipos,
desigualdades y relaciones de poder que debemos transformar.
Los datos muestran la
urgencia. La ENARES 2024 reveló que 75,7 % de la población adulta tolera o
justifica la violencia contra las mujeres. Ante una realidad así, ¿cómo
podríamos aceptar menos prevención?
La educación sexual no
corrompe: protege. El enfoque de género no divide: permite reconocer y
transformar desigualdades. Prevenir la violencia no es un exceso: es una
obligación del Estado.
Condorcanqui
nos interpela
La situación de las niñas y
adolescentes de Condorcanqui, Amazonas, nos obliga a mirar la violencia
de género junto con la desigualdad, la pobreza, el territorio, la
interculturalidad y el racismo. No podemos permitir que una niña indígena tenga
menos posibilidades de protección y justicia por haber nacido lejos de Lima,
por hablar otra lengua o por pertenecer a un pueblo originario.
A junio de 2024, la Junta
de Fiscales Superiores de Amazonas había reportado 528 investigaciones por
agresiones sexuales y otros 256 procesos anteriores contra docentes por abusos
a menores de edad. Posteriormente, el Estado destinó más de 20 millones de
soles para atender esta situación y fortalecer el Sistema Nacional
Especializado de Justicia.
Pero el problema continúa.
El reciente Informe Defensorial N.° 287, publicado en septiembre de
2026, concluye que persisten graves vulneraciones y brechas en la educación de
adolescentes indígenas de Condorcanqui y advierte omisiones en la prevención,
atención, denuncia y registro de casos de violencia sexual. La Defensoría
señala que, casi diez años después de conocidas estas situaciones, los
problemas estructurales no han sido superados.
Condorcanqui no puede
convertirse en una noticia que aparece cuando la indignación estalla y
desaparece después de los titulares. Las niñas indígenas tienen derecho a una protección
permanente, intercultural y efectiva.
Hablar de violencia de
género exige también hablar de racismo y discriminación. No para estigmatizar a
los pueblos indígenas, sino para cuestionar las desigualdades históricas que
dificultan que algunas niñas sean escuchadas, protegidas y atendidas. El Estado
debe llegar a todos los territorios respetando las lenguas, culturas y derechos
de sus pueblos.
Lo ocurrido recientemente en el Liceo Naval Almirante Guise volvió a poner en el centro de la atención pública la violencia sexual en los espacios educativos, pero no es un hecho aislado. Casos reportados en Comas, Callao, Casma, Cajamarca y otras regiones muestran una realidad que muchas veces no alcanza la misma resonancia pública, mientras que la propia Defensoría del Pueblo ha advertido deficiencias en la prevención y atención de la violencia sexual en las escuelas. Cada caso merece la misma atención, protección y justicia, independientemente del lugar donde ocurra o de quiénes sean las víctimas. La prevención no puede depender de cuánto ruido genere un caso en los medios.
Ninguna
niña debe ser obligada a ser madre
Los 993 nacidos vivos
registrados en 2025 de niñas de 10 a 14 años deberían estremecernos como
sociedad. Cuando una niña queda embarazada como consecuencia de violencia
sexual, no estamos ante una simple situación de maternidad temprana, sino ante
una grave vulneración de derechos que puede afectar su salud, su educación y
todo su proyecto de vida.
El Estado tiene la
obligación de garantizar prevención, protección, justicia y atención integral.
También debe garantizar, cuando corresponda, el acceso al aborto terapéutico,
regulado por el marco sanitario peruano para proteger la vida y la salud de las
mujeres.
El Ministerio de Salud
actualizó en 2025 la guía técnica nacional para la atención de la interrupción
voluntaria del embarazo por indicación terapéutica, en el marco del artículo
119 del Código Penal. Garantizar este derecho cuando corresponde es cumplir una
obligación de protección de la vida y la salud.
Hay que decirlo con
claridad: los derechos humanos no son privilegios; la igualdad no es una
amenaza; la educación sexual no es adoctrinamiento: es prevención; el enfoque
de género no divide: ayuda a comprender desigualdades; prevenir la violencia no
es un exceso: es una obligación del Estado.
Por ello, el gobierno de
turno y las instituciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar
derechos, no de retroceder frente a presiones que pretendan imponer una visión
única sobre la vida de las mujeres, las niñas y las familias.
De la
indignación a la acción
La indignación puede ser el
comienzo, pero no puede ser el final. Necesitamos convertirla en conocimiento,
organización, participación y propuestas. Fortalecer las redes de mujeres, las
organizaciones sociales, las comunidades, las familias y las escuelas. Defender
los espacios democráticos y ocuparlos.
También necesitamos
conversar con todas las posturas, sin renunciar a nuestros principios, para
construir una fuerza social suficientemente amplia en defensa de algo esencial:
ninguna mujer, ninguna niña y ningún adolescente debe vivir con miedo a ser
violentado, discriminado o silenciado.
Por eso, frente al embate
conservador, frente a las decisiones que amenazan con debilitar derechos y
frente a toda forma de violencia y discriminación, no retrocedamos.
Informémonos, dialoguemos, organicémonos y participemos, porque los derechos son
conquistas que debemos ejercer, defender y ampliar.


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