Durante 2024, América Latina vivió una alarmante ola de violencia de género, con al menos 4 855 mujeres víctimas de feminicidio en 17 países, lo que equivale a un promedio de 13 asesinatos por razones de género cada día —un feminicidio aproximadamente cada dos horas— según el Mapa Latinoamericano de Feminicidios, coordinado por la ONG MundoSur y organizaciones asociadas.
Aumento y contexto regional
El número representa un incremento del 4,87 % respecto a 2023, cuando se registraron 4 623 casos.
El informe cubre 17 países, aunque incluye menos territorios que los registros de la CEPAL, por ello los datos podrían ser aún más elevados.
Datos demográficos de las víctimas
- La edad promedio de las víctimas es 34 años, siendo la franja de 21–40 años la más afectada.
- El 49 % de los feminicidios fue cometido por parejas o exparejas; más de la mitad se dio dentro del hogar.
- El 57 % de las mujeres asesinadas eran madres, lo que ha dejado a más de 2 200 menores huérfanos.
Modus operandi y fallas institucionales
El 38 % de los crímenes se cometió con armas de fuego, aunque el uso de arma blanca también es común (32 % por datos hasta junio).
Solo en el 10–13 % de los casos el agresor había sido denunciado previamente, poniendo en evidencia fallas en la prevención.
Países con mayor incidencia
Honduras, Puerto Rico y Guatemala registran las tasas más altas de feminicidio por cada 100 000 mujeres.
En Ecuador, se documentaron 274 feminicidios durante 2024.
En Perú, según la Defensoría del Pueblo, hubo 170 casos, 10 de los cuales involucraron víctimas menores de edad.
Repercusiones y urgencia de acción
Este escenario no solo exige medidas urgentes y efectivas: también refleja graves carencias en el registro y la recolección de datos. Muchos países aún carecen de observatorios confiables, lo que limita una acción pública adecuada .
Ante esta situación, MundoSur desarrolló NAWI, una herramienta de inteligencia artificial que integra datos geográficos e interseccionales para apoyar a periodistas, activistas e investigadores.
El alza constante de feminicidios, el perfil de las víctimas y agresores, y la persistente falla de los sistemas de alerta y prevención, sitúan este fenómeno como una crisis estructural de derechos humanos. La evidencia empírica subraya la urgencia de:
- Fortalecer sistemas oficiales de registro y monitoreo.
- Implementar protocolos efectivos de prevención, especialmente ante denuncias previas.
- Asegurar recursos y voluntad política para políticas públicas integrales.
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