En nuestra patria, las mujeres en toda su diversidad vemos, con profunda preocupación e indignación, la constricción de nuestros derechos humanos fundamentales, particularmente los derechos sexuales y reproductivos.
Aun cuando el Estado asume compromisos internacionales y garantizar su implementación, podemos afirmar que, en medio de resistencias, prevalecen los patrones culturales conservadores, patriarcales y coloniales, cuyos voceros mediáticos y políticos hoy forman parte del conglomerado autoritario que nos gobierna.
Lo cierto es que, vivimos en un país sumido en una crisis multidimensional que sobrepasa lo económico y el Estado no tiene la capacidad de garantizar estabilidad política, menos la salud, educación, alimentación, trabajo, entre otros. Eso lo vivimos en carne propia durante la pandemia, pero, la situación se torna más grave debido al modelo neoliberal imperante y la corrupción generalizada que nos coloca en situación de mayor pobreza, explotación, marginación y expuestas a las violencias.
Cada día somos testigos de cómo lo avanzado en legislación favorable respecto a la igualdad de género, es desmontado por organismos del Estado, como el Congreso de la República, que pretende imponernos una legislación altamente nociva como el Proyecto de Ley “Muñante” que, busca promover el miedo y el odio hacia las mujeres que denunciemos casos de violencia de género y, en el fondo, desconocer la violencia de género que tiene raíces estructurales.
Más allá del bicentenario, en el Perú persisten exclusiones y desigualdades que no son abordadas con voluntad y decisión política expresadas en políticas públicas que nos favorezcan realmente. Hoy corremos un serio riesgo al ser restringida nuestra capacidad de tomar decisiones sobre nuestros cuerpos y se cercena las posibilidades de nuestra realización humana. A ello se suma, la perpetuación de la penalización de la interrupción del embarazo, la estigmatización y los riesgos, incluso, de perder la vida.
Los discursos retrógrados persisten en anclarnos al ámbito privado de manera agresiva y subliminal, se promueve la sumisión, el silencio, el sentimiento de culpa, la vergüenza; es decir, como si fuéramos seres humanos de segunda categoría. Peligrosamente, se generalizan criterios en el ideario común de la población como el que los derechos conquistados son privilegios y no resultado de intensas, justas y constantes luchas por combatir desigualdades históricas.
Claro ejemplo de ello es que, a pesar de haber transcurrido más de cien años de la despenalización del aborto terapéutico en nuestra patria, existen serias dificultades y prejuicios para su implementación; teniendo como resultado que las niñas violentadas sexualmente, son obligadas a ser madres y, consiguientemente, sus vidas truncadas. Similar sucede con la AOE (Anticoncepción Oral de Emergencia), el lenguaje inclusivo, la ESI (Educación Sexual Integral), entre otros.
Se difunden impunemente discursos que incitan al odio y que resquebrajan los lazos familiares y sociales, afectando a la propia democracia; se promueven ideas y valores retrógrados sobre el rol de las mujeres en toda su diversidad lo que tiene impacto negativo en el ejercicio de nuestros legítimos derechos, siendo resultado la mayor estigmatización y perpetuación de estereotipos unidos a la marginalidad y pobreza.
Por ello, debemos armarnos de conocimientos y argumentos; siendo imprescindible, también, articularnos y ser propositivas para exigir políticas públicas preventivas, promoviendo el enfoque y perspectiva de género en todas las áreas estatales; así como, de nuestra participación activa y consciente en organizaciones de base y de la sociedad civil siendo parte en la toma de decisiones.
Finalmente, requerimos enfatizar del porqué los Derechos Sexuales y Reproductivos son Derechos Humanos, informando y educando, desplegar acciones concretas con la finalidad de garantizarlos. Desde nosotras activando con campañas constantes y sostenidas, en lenguaje adecuado, sencillo, entendible y capaz de romper prejuicios sociales imperantes, generando niveles de respuesta locales y nacionales para defender nuestros legítimos derechos ciudadanos, enfrentando de manera conjunta al embate conservador que pretende imponerse.
*Comunicadora social, activista por los derechos humanos, de las mujeres en toda su diversidad y de los sectores más vulnerables. Feminista socialista, dirigenta política y coordinadora nacional de Altivas y Combativas.
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